! UN CRIMEN ATRÓZ ! Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Bryan Guerra y llama al Estado de Guatemala a dar celeridad en la creación de un mecanismo de protección a periodistas

14:20
NOTA RECIBIDA


11 de marzo de 2020

 

Washington D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del joven periodista guatemalteco Bryan Leonel Guerra, quien murió el pasado martes 3 de marzo luego de ser víctima de un ataque armado el 27 de febrero en Chiquimula, Guatemala.

La Relatoría Especial urge al Estado de Guatemala a investigar de forma inmediata, completa, efectiva e imparcial este crimen y otros que se encuentran impunes en el país; esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. En este sentido, recuerda que es fundamental que el Estado priorice la creación e implementación de un mecanismo de protección para periodistas en el país.


Guerra permaneció hospitalizado durante cinco días, debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego tras el ataque del 27 de febrero, cuando conducía una motocicleta y recibió disparos presuntamente desde un automóvil con desconocidos. El 3 de marzo, el periodista falleció en el Hospital Regional de Chiquimula, ubicado a 98 km al este de ciudad de Guatemala, localidad donde el comunicador de 24 años vivía y trabajaba en el noticiero de televisión por cable TLCOM. Guerra también era vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales.


De acuerdo a la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) Guerra había denunciado amenazas de muerte vía redes sociales, pero ni la Policía Nacional Civil, ni el Ministerio Público habrían actuado al respecto. El Estado de Guatemala, por su parte, indicó a esta Oficina que el periodista no habría presentado ninguna denuncia referente a amenazas de muerte ante las autoridades competentes. La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público de Guatemala informó que investiga el asesinato y estarían indagando sobre el hecho.


La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) condenó el asesinato y explicó que los delegados de la auxiliatura departamental de la PDH verificaron la atención médica brindada a Guerra, entrevistaron a familiares y abrieron un expediente para dar seguimiento al caso.

La CIDH y Relatoría Especial observa que en Guatemala persiste un contexto de alto riesgo para ejercer la profesión y elevados índices de impunidad respecto a los crímenes contra periodistas en ejercicio de la labor profesional; la Relatoría ha documentado alrededor de 17 periodistas muertos en el país entre el 2015 y 2018. Asesinatos de los cuales se observan pocos avances en las investigaciones y en la identificación de los responsables.


De acuerdo a la información disponible estos crímenes contra periodistas estarían ligados a la acción de pandillas, narcotráfico o a investigaciones sobre corrupción; uno de los pocos casos aclarados también reveló colusión entre actores políticos de nivel local y el crimen organizado. Los más recurrentes se registran en las poblaciones vulnerables alejadas de la capital donde los comunicadores reciben ataques y no son reportadas a causa de la ausencia de las autoridades.


La Relatoría Especial ha tomado nota de que en Guatemala se instaló una instancia para realizar el análisis de riesgo respecto a posibles ataques contra Defensores de derechos humanos (DDHH), periodistas y sindicalistas. Asimismo, el nuevo gobierno se habría comprometido a dar conclusión a una política pública para la protección de defensores de DDHH.


No obstante, la CIDH y su Relatoría Especial insta al Estado de Guatemala a concretar el establecimiento de un mecanismo especial de protección de periodistas que le permita enfrentar la situación estructural y grave de violencia contra los periodistas y trabajadores de medios que vive el país, una recomendación realizada en distintas oportunidades por la CIDH. En este sentido, pide al Estado guatemalteco celeridad en la creación de dicho mecanismo y garantizar que su contenido esté de acuerdo con los parámetros internacionales y en consulta efectiva y amplia con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y trabajadores de medios.


Con base en la doctrina y jurisprudencia interamericana, la CIDH y su Relatoría Especial reiteran al Estado guatemalteco en relación a la violencia y los ataques a periodistas y medios de comunicación, la importancia de cumplir de manera integral con las tres obligaciones positivas que emanan de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión, a saber: la obligación de prevenir, la obligación de proteger y la obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes.


Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas y otros profesionales de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

 
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada". 


La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

R52/20

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