Por Leonardo Plata.-
BARAHONA: La joven madre en estado de lactancia, la
cual se encuentra presa, en una cerda no apta para seres humanos ha desnudado
el fracaso del sistema penal dominicano y los actores de la justicia.
Este joven cuyos motivos
de su detención que aún no se han revelado, está en una cerda del cuartel
policial del Municipio de Vicente Noble, tirada en el piso, en condiciones deplorable,
propia de un estado de barbarie que se presume que habíamos superado, se ha
convertido en una vergüenza nacional que ha trastocado la conciencia de la
sociedad.
Poco importa el hecho
cometido por la infractora, lo que debe primar es su condición humana, la cual
está por encima de toda actuación ilegal y vejatoria, y que es el propio estado
a través del Ministerio Publico, la que debe salvaguardar su integridad, física,
psíquica y moral.
Esta aberración contra el
ser humano, violenta el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 proclamada por las Naciones Unidas, de la cual somos
signatarios y que copiada textualmente establece lo siguiente: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Aún se muestran muchas actuaciones
vejatorias, fruto de la prepotencia de algunos servidores públicos, que valiéndose
de su condición de Ministerio Publico, comenten abusos de poder contra personas
vulnerables, sin que éstos abusadores, sean compelido ante los tribunales de
justicia, dando a entender el nivel de complicidad de algunos de superiores que
no actúan de forma responsable, si no que tapan y ocultan hechos dolosos
cometidos por subalternos en el ejercicio de sus funciones.
Pero al parecer que estas
personas investida de autoridad, desconocen los preceptos constitucionales y
derechos universales de los y las dominicanas, ya que actúan de forma errada,
sin pensar en las consecuencias judiciales que pudieran derivar de sus malas
actuaciones, tal y como lo dispone nuestra carta magna en su artículo 148 sobre
la responsabilidad civil, el cual establece lo siguiente:
“Artículo
148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus
funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de
conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas
físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.
Este sistema de justicia rogada,
aún tiene muchos escollos que arrastran desde aquel fatídico Código de
Procedimiento Criminal, el cual era imperante e inhumano, y es por eso que los
estados modernos abrazados a un Estado de Derecho, decidieron abolirlo para
dar paso a una norma jurídica más justa y respetuosa de los derechos
fundamentales de las personas, sean estos víctimas o imputados.
Ojalá y este tipo de
aberraciones, no vuelva a repetirse con ninguna persona en condiciones especiales,
que no se violente los derechos fundamentales de las personas, que se aplique
la ley como ella manda, no como diga un fiscal, procurador o juez, ya que la
justicia, busca la igualdad, la paz y el bienestar común de todos los seres
humanos que conviven en un Estado Democrático y de Derecho, como aspirararon
nuestros padres fundadores, ese espíritu sacrosanto plasmado en nuestro
escudo, esas tres palabras sagradas de ¡DIOS,
PATRIA Y LIBERTAD ¡
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